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La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó recientemente una nueva Ley de Acuicultura, estableciendo un marco normativo actualizado para regular la actividad en la provincia. La norma busca ampliar la matriz productiva, promover el empleo local y fortalecer los mecanismos de control ambiental, en un contexto donde el debate entre desarrollo y cuidado del ambiente continúa siendo central.
Uno de los puntos más relevantes —y también uno de los que generó mayor confusión en el debate público— es que la ley no habilita la salmonicultura industrial. Por el contrario, la normativa mantiene expresamente la prohibición de la cría intensiva de salmones, especialmente en zonas sensibles como el Canal Beagle, ratificando lo establecido en la legislación ambiental vigente.
El nuevo marco legal permite el desarrollo de actividades acuícolas reguladas, bajo estrictos criterios científicos, técnicos y ambientales. Según lo informado desde el Ejecutivo provincial, el objetivo es ordenar la actividad, atraer inversiones bajo reglas claras y generar empleo calificado con valor agregado local, sin comprometer los ecosistemas.
Desde el área de Pesca y Acuicultura se destacó que la norma apunta a un modelo sostenible, trazable y bajo control público, con participación del Estado en todas las etapas del proceso productivo.
La ley incorpora herramientas de evaluación y control más exigentes que las vigentes hasta el momento. Entre ellas, se establece la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la obligatoriedad de una Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA) para cada proyecto, además de mecanismos de trazabilidad y participación ciudadana.
De esta manera, cada iniciativa deberá atravesar instancias técnicas y administrativas antes de su aprobación, con el objetivo de evitar impactos negativos sobre los recursos hídricos y el ambiente.
Si bien desde el Gobierno provincial se plantea la acuicultura como una oportunidad de desarrollo sostenible, el tema continúa generando posiciones encontradas en distintos sectores de la sociedad fueguina. La experiencia reciente, los antecedentes ambientales y la sensibilidad del territorio hacen que el debate no esté cerrado.
La aprobación de la ley marca un nuevo escenario, pero también abre interrogantes sobre su implementación concreta, los controles efectivos y el equilibrio real entre producción, ambiente y futuro para la provincia.
