Malvinas: lo que está en juego cuando habla el Presidente. Ni deseos, ni retrocesos

La entrevista publicada el 29 de diciembre por el diario británico The Telegraph atribuye al Presidente de la Nación una afirmación de enorme gravedad institucional y jurídica, al sostener que el territorio de las Islas Malvinas “debería volver a la Argentina sólo a través de la negociación y cuando los isleños así lo deseen”.

Desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur —provincia que ejerce jurisdicción sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes— se apeló a la buena fe institucional, optando por creer que dicha afirmación no es veraz o que, al menos, ha sido incorrectamente presentada.

De confirmarse esos dichos, implicarían desechar más de seis décadas de construcción jurídica, diplomática y política de la República Argentina, cuyo pilar central es la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 16 de diciembre de 1965. Esa resolución fue el resultado de un alegato decisivo del entonces embajador argentino José María Ruda, quien logró imponer un criterio fundamental: el respeto de los intereses de la población de las islas y no de sus deseos, como pretendía el Reino Unido para forzar la aplicación del principio de libre determinación.

La diferencia no es semántica, sino jurídica y sustantiva. La comunidad internacional reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y encuadró la Cuestión Malvinas dentro del proceso de descolonización, estableciendo que su resolución debe alcanzarse mediante negociaciones entre Estados, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes, pero sin otorgarles titularidad soberana.

Aceptar hoy la noción de los “deseos de los isleños” contradice la histórica posición argentina sostenida de manera ininterrumpida por gobiernos de distinto signo político y, además, vulnera la Constitución Nacional. La Disposición Transitoria Primera consagra el reclamo de soberanía y establece que su recuperación debe realizarse respetando el modo de vida de los habitantes y conforme al derecho internacional, sin reconocer un supuesto derecho de libre determinación de una población implantada tras un acto colonial de fuerza ocurrido en 1833.

Desde Tierra del Fuego se expresó el beneficio de la duda respecto a que el Presidente haya pronunciado esas palabras en los términos que se le atribuyen, pero justamente por ello se considera urgente una aclaración y rectificación oficial por parte del Gobierno nacional.

No se trata de una cuestión menor ni académica. En derecho internacional, los dichos públicos de un Jefe de Estado o de un Ministro de Relaciones Exteriores obligan al Estado que representan. La historia ofrece antecedentes claros, como la llamada “Declaración Ihlen”, formulada por el canciller noruego Nils Claus Ihlen, que fue determinante para que Noruega perdiera sus pretensiones sobre Groenlandia Oriental frente a Dinamarca. Una sola manifestación pública bastó para generar efectos jurídicos internacionales irreversibles.

La Cuestión Malvinas exige prudencia, coherencia y apego estricto al derecho internacional. No admite improvisaciones ni ambigüedades. La Argentina ha construido con enorme esfuerzo una posición sólida y ampliamente respaldada, sustentada en la Resolución 2065 (XX), en resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización, y en una doctrina clara orientada a poner fin al colonialismo en todas sus formas.

Desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se reafirmó el compromiso indeclinable con esta política de Estado y se solicitó con suma urgencia que el Gobierno nacional aclare lo publicado, ratifique sin ambigüedades la posición histórica argentina y preserve la solidez jurídica del reclamo. No hay margen para traspiés: se trata de una causa nacional que une a los argentinos y de una responsabilidad histórica que obliga.