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En los últimos días tomó fuerza la difusión de información vinculada al funcionamiento interno de la Legislatura de Tierra del Fuego, particularmente en relación con la cantidad de asesores y colaboradores con los que cuentan los legisladores y el presupuesto asignado al Poder Legislativo para el presente año.
Según lo aprobado, el presupuesto de gastos de la Legislatura asciende a $26.629.027.103, una cifra que, por su magnitud, resulta inevitablemente contrastada con la realidad cotidiana de una provincia atravesada por desempleo, caída de la actividad económica y creciente demanda de asistencia social.
Distintos medios y análisis vienen señalando que cada legislador puede contar con una estructura amplia de colaboradores, distribuida en diversas categorías salariales, además de asesores pagos y una cantidad indeterminada de asesores ad honorem. Más allá de la discusión técnica sobre si el número exacto es 17, 20 o más, el dato central no cambia: la Legislatura fueguina se encuentra entre las que mayor cantidad de asesores tiene por legislador a nivel nacional.
La discusión de fondo no pasa por un número puntual, sino por el modelo de funcionamiento que se consolida. En una cámara integrada por 15 legisladores, la acumulación de asesores y colaboradores configura una estructura que muchos ciudadanos perciben como desproporcionada frente a los resultados concretos que recibe la sociedad.
Desde lo formal, las resoluciones internas y el presupuesto aprobado cumplen con los marcos legales vigentes. Pero la pregunta es otra: ¿es socialmente legítimo sostener este nivel de gasto político en el contexto actual?
Mientras se pide austeridad al conjunto de la población, se recortan recursos, se ajustan tarifas y se multiplican los comedores comunitarios, la política parece moverse en una lógica paralela, con reglas propias y escaso contacto con la realidad social.
El argumento habitual es que los asesores son necesarios para garantizar el funcionamiento legislativo, el análisis técnico y la representación territorial. Sin embargo, cuando la estructura crece sin una evaluación pública clara de su impacto y utilidad, la percepción ciudadana cambia: la política deja de verse como representación y empieza a percibirse como refugio.
La distancia entre la dirigencia y la sociedad no se construye solo con discursos, sino con decisiones presupuestarias que parecen ignorar el contexto general.
El problema no es discutir salarios, ni desconocer la tarea legislativa. El problema es la falta de debate público sobre el tamaño, el costo y la eficiencia del aparato político en tiempos de crisis.
La transparencia no se agota en publicar números: también implica explicar por qué se toman determinadas decisiones y qué beneficios concretos generan para la comunidad.
En una provincia que enfrenta desafíos estructurales urgentes, el gasto político debería ser ejemplo de sobriedad y responsabilidad, no motivo de indignación social.
Porque cuando la política parece garantizarse comodidad mientras la sociedad ajusta, la desconexión se vuelve evidente.
Y entonces la pregunta deja de ser cuántos asesores tiene un legislador, para transformarse en otra mucho más profunda:
👉 ¿A quién está representando hoy la política cuando decide cómo gastar los recursos públicos?
