NuevaHoraMagazine
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y se fundamenta en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el régimen federal vigente y el Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia firmado en 1992, mediante el cual la Nación transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del puerto a la provincia.
La demanda fue redactada por el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, junto al equipo técnico de la Secretaría, y cuestiona de manera directa la Resolución RESOL-2026-4-APN-ANPYN#MECON, considerada una usurpación de atribuciones soberanas provinciales y una grave afectación al orden constitucional y al sistema federal.
Según se detalla en la acción judicial, la intervención se ejecutó de manera sorpresiva durante la noche del 20 de enero de 2026, cuando funcionarios de la ANPyN tomaron posesión inmediata de las instalaciones portuarias mediante una notificación administrativa. Este accionar desplazó de facto a las autoridades legítimas de la Dirección Provincial de Puertos, excluyendo a su presidente, vicepresidente y director general operativo, sin la presentación de un plan de acción que garantizara la continuidad operativa del puerto.
La demanda se sustenta en una serie de argumentos centrales:
Violación de la autonomía provincial y del régimen federal.
El Gobierno fueguino sostiene que la intervención constituye una “intervención federal indirecta o encubierta”, que elude el procedimiento constitucional obligatorio, el cual exige la sanción de una ley del Congreso de la Nación.
Desconocimiento de un convenio vigente desde 1992.
Se invoca el Convenio de Transferencia de Puertos Nación–Provincia, ratificado por ley, que establece que el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia pertenecen a la provincia.
Apropiación indebida de recursos provinciales.
La provincia denuncia que la ANPyN centralizó la facturación de los servicios portuarios y ordenó el depósito de los fondos en una cuenta nacional, creando un “sistema financiero paralelo” que sustrae recursos del presupuesto fueguino, anula el control del Tribunal de Cuentas provincial y pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.
Exceso y desviación de poder.
Se argumenta que la ANPyN, amparándose en un decreto reglamentario, excedió las facultades de control y fiscalización que le otorga la Ley de Puertos N° 24.093, arrogándose funciones de gobierno y administración directa. En términos constitucionales, se remarca que controlar no es gobernar y fiscalizar no es administrar.
En consecuencia, el Gobierno Provincial solicita a la Justicia Federal la declaración de inconstitucionalidad de la resolución dictada por la ANPyN, el cese inmediato y definitivo de toda intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia y la restitución plena del dominio, la administración, la explotación y la percepción de los recursos a la provincia.
Como medida urgente, se solicitó además una cautelar para suspender los efectos de la intervención, ante el riesgo de un daño irreparable derivado de la sustracción diaria de recursos provinciales y la generación de hechos consumados de difícil reversión.
Desde el Gobierno fueguino se remarcó que esta acción judicial trasciende el caso puntual del Puerto de Ushuaia y se constituye como un caso testigo en defensa del sistema federal argentino, reafirmando que las provincias son preexistentes a la Nación y conservan todos los poderes no delegados expresamente.
En ese marco, el Ejecutivo provincial ratificó su decisión de defender los derechos soberanos del pueblo fueguino y de sentar un precedente claro sobre los límites del poder central, en estricto cumplimiento del orden constitucional.
