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Del encuentro participaron también el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, y el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, quienes expusieron ante los representantes sindicales la estrategia judicial, administrativa y política que impulsa el Estado provincial.
Durante la reunión, las autoridades detallaron cada una de las medidas adoptadas para restituir la normalidad institucional y la gestión provincial sobre el puerto. En ese marco, Melella explicó que la provincia ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Juzgado Federal de Ushuaia, con el objetivo de anular la resolución de la ANPyN y lograr el cese inmediato de la intervención.
“Nuestra estrategia es clara y contundente. No solo hemos atacado la ilegitimidad de este acto arbitrario ante la Justicia Federal, sino que también iniciamos acciones administrativas y estamos preparando denuncias penales contra los funcionarios nacionales responsables de este atropello a nuestra autonomía”, afirmó el Gobernador. Asimismo, sostuvo que los argumentos utilizados para justificar la intervención carecen de sustento legal y responden a intereses ajenos al correcto funcionamiento del puerto y a la preservación de las fuentes laborales.
Por su parte, los representantes gremiales manifestaron su preocupación por la continuidad laboral y la seguridad operativa bajo la actual administración nacional, y coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos conjuntos para defender un patrimonio estratégico de todos los fueguinos.
Finalmente, Melella ratificó su compromiso de mantener un diálogo permanente y transparente con los trabajadores portuarios. “Este puerto es nuestro, es fueguino. Cada peso que genera se reinvierte aquí y cada trabajador es parte fundamental de su funcionamiento. No vamos a descansar hasta que la gestión retorne a manos de la Provincia, que es su lugar legítimo”, concluyó.
