En el marco del conflicto generado por la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el Gobierno de Tierra del Fuego firmó un Acta Acuerdo con todos los gremios del sector portuario para garantizar la estabilidad laboral y el pago íntegro de haberes.
10/02/2026
NuevaHoraMagazine
El acuerdo fue suscripto por la vicegobernadora Mónica Urquiza, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, y representantes de ATE, UPCN, la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria, junto a autoridades provinciales y dirigentes sindicales.
El documento establece un esquema de resguardo ante lo que el Gobierno provincial considera una “vía de hecho” por parte del Estado nacional, luego de que la Resolución N° 4/2026 de la ANPYN dispusiera la intervención del Puerto de Ushuaia, la suspensión de su habilitación por 12 meses y la restricción de ingreso para trabajadores provinciales desde el 21 de enero.
En este contexto, y con una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Justicia Federal, las partes acordaron una serie de medidas para proteger a los empleados portuarios.
Estabilidad laboral y salarial
Se garantiza la continuidad del vínculo laboral de toda la planta sin distinción, así como el pago íntegro de haberes. Además, se prevé la creación de un nuevo ítem salarial que será definido en una mesa conjunta.
Responsabilidad funcional
Se deja expresamente establecido que la imposibilidad de prestar tareas por la prohibición de ingreso no constituye abandono de servicio ni falta disciplinaria. El personal es considerado en situación de plena disponibilidad.
Reorganización transitoria
Se conformará una mesa bilateral entre la DPP y los gremios para definir tareas no presenciales, capacitaciones o funciones temporales en otras áreas de la administración provincial, sin modificar las condiciones laborales esenciales.
Protección patrimonial
El acuerdo exonera a los trabajadores de cualquier responsabilidad sobre bienes, instalaciones y maquinaria del puerto bajo custodia de la intervención nacional.
El Acta tiene efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y se mantendrá vigente durante todo el período de intervención, hasta la normalización de la administración portuaria.
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