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La resolución judicial no se expidió sobre el fondo del planteo realizado por la Provincia ni sobre la medida cautelar solicitada, sino que se limitó exclusivamente a una cuestión procesal: determinó que el caso debe ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de tratarse de un conflicto entre una provincia y el Estado Nacional y de involucrar materia federal.
En ese sentido, el Juzgado resolvió declinar su intervención siguiendo los lineamientos del dictamen fiscal, sin analizar la legalidad de la intervención nacional, ni la urgencia planteada por el Gobierno provincial. Esta situación impidió que se evaluara una medida cautelar destinada a evitar la consolidación de una situación que la Provincia considera de gravedad institucional, económica y operativa para el principal puerto fueguino.
Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que esta limitación procesal genera, en los hechos, un efecto restrictivo sobre el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, al diferir el análisis de una medida urgente vinculada a la preservación de competencias, recursos e infraestructuras estratégicas que son propias de la Provincia.
Asimismo, el Gobierno fueguino recordó que la posibilidad que el conflicto fuera remitido a la competencia originaria de la Corte Suprema había sido contemplada desde el inicio del proceso, en función de la naturaleza del litigio y de los antecedentes jurisprudenciales vigentes.
En este contexto, los asesores legales se encuentran analizando los próximos pasos legales a seguir, al tiempo que reafirmaron su compromiso indeclinable con la defensa de la autonomía provincial, el federalismo y el control pleno de los recursos estratégicos fueguinos.
El Gobierno aseguró que continuará utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para impedir cualquier avance indebido del Estado Nacional sobre competencias no delegadas, infraestructuras provinciales y rentas que pertenecen legítimamente al pueblo de Tierra del Fuego.
