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El pronunciamiento fue realizado a través del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, quien sostuvo que la propuesta “se aparta del paradigma de protección integral consagrado en nuestra legislación y de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional”.
“La protección integral no puede ceder ante la lógica del castigo anticipado”, afirmó el funcionario, y señaló que la reducción de la edad de imputabilidad “no constituye una respuesta eficaz en términos de seguridad pública ni aborda las causas estructurales que atraviesan las trayectorias de vulneración de niñas, niños y adolescentes”.
En ese sentido, Ponce advirtió que el proyecto “desplaza el eje de la responsabilidad estatal desde la garantía y restitución de derechos hacia una respuesta predominantemente punitiva, debilitando los dispositivos de cuidado, prevención y acompañamiento territorial”.
Asimismo, remarcó que las infancias y adolescencias “requieren políticas públicas integrales, sostenidas e intersectoriales” y alertó que “penalizar de manera anticipada afecta procesos de desarrollo subjetivo, educativo y comunitario, profundiza desigualdades y compromete la sostenibilidad de la vida en sus etapas más sensibles”.
“Frente a problemáticas complejas no pueden imponerse soluciones simplificadoras basadas en el endurecimiento del sistema penal. Resulta imprescindible fortalecer el primer nivel de cuidado, ampliar los dispositivos de acompañamiento y garantizar acceso efectivo a educación, salud mental, espacios comunitarios y oportunidades reales de inclusión”, concluyó el secretario.
