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El Gobierno nacional avanzó con una reforma que modifica el régimen penal juvenil en Argentina y establece que los menores podrán ser imputables penalmente a partir de los 14 años en determinados delitos.
La medida se inscribe dentro de una agenda de seguridad que busca endurecer las respuestas del sistema judicial frente a hechos delictivos graves protagonizados por adolescentes.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es terminar con la sensación de impunidad que existe en algunos delitos cometidos por menores de edad y dotar al Estado de herramientas para intervenir antes en situaciones de violencia.
Sin embargo, la iniciativa generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición.
Quienes rechazan la medida advierten que la solución al delito juvenil no pasa por bajar la edad de imputabilidad, sino por fortalecer políticas sociales, educativas y de contención.
El debate vuelve a poner sobre la mesa una discusión profunda:
si el problema es el sistema penal o las condiciones sociales que empujan a muchos jóvenes a situaciones de vulnerabilidad y violencia.
La discusión recién comienza y promete ser uno de los temas más sensibles del año en materia de seguridad y derechos.
