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En Río Grande, crecen las dudas en torno al funcionamiento del sistema de hogares de tránsito, un mecanismo destinado a brindar contención temporal a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones familiares críticas.
Este sistema, contemplado en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que el Estado debe garantizar el bienestar de los menores, priorizando entornos familiares por sobre la institucionalización.
Sin embargo, distintas voces advierten que, en la práctica, podrían existir falencias en los controles y en la selección de las familias.
👉 “Si el control falla, el sistema deja de proteger y pasa a revictimizar.”
Algunas de las preocupaciones apuntan a que personas sin los recursos suficientes —ya sean económicos, emocionales o de tiempo— podrían estar siendo aprobadas como hogares de tránsito, lo que pone en riesgo el bienestar de los menores.
👉 “El problema no es el sistema, sino cuando falla el control: ahí los chicos pueden quedar en una situación aún más vulnerable”, señalan especialistas en la temática.
Otro de los puntos en discusión es el seguimiento posterior: una vez que los niños son ubicados, los controles no siempre serían frecuentes ni profundos, lo que dificulta detectar situaciones problemáticas a tiempo.
Además, se abre el debate sobre la existencia de incentivos económicos, que en algunos casos podrían generar distorsiones si no están correctamente supervisados.
