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El presidente del Puerto de Ushuaia, Roberto Murcia, aseguró que la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) se basa en un “relato que no se corresponde con la realidad”, luego de que se conociera un documento oficial que certifica el estado de la instalación portuaria.
Se trata de la “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026 por la Prefectura Naval Argentina, en el marco del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
El documento establece que el puerto se encontraba en regla y operando bajo un Plan de Protección aprobado, requisito fundamental para garantizar la seguridad en la operatoria marítima internacional.
Murcia explicó que la inspección fue realizada el 13 de enero y verificada al día siguiente, cuando se constató que los únicos inconvenientes detectados —una cámara de seguridad y una cerradura electrónica— ya habían sido solucionados.
“Es una inspección que fue pedida por la Dirección de Puertos. Nosotros costeamos los gastos del inspector que vino de Buenos Aires y el día 14 verificó que estaba todo cumplido”, indicó.
Asimismo, sostuvo que desde un primer momento informaron sobre la existencia del acta de inspección y que, tras la intervención, solicitaron formalmente el certificado a la Prefectura, que luego fue remitido a la ANPyN.
En ese sentido, insistió en que las acusaciones vinculadas a problemas de seguridad y presunta malversación de fondos “no se corresponden en absoluto con la realidad”.
El titular del puerto remarcó que la instalación cuenta con certificaciones internacionales y que gran parte de los buques que operan en Ushuaia son de bandera extranjera, lo que implica el cumplimiento de estrictas normas internacionales.
Además, subrayó que ningún capitán pondría en riesgo su matrícula operando en un puerto que no reúna condiciones de seguridad adecuadas.
En paralelo, Murcia confirmó que el equipo jurídico del puerto trabaja junto al Gobierno provincial para avanzar en el proceso judicial derivado de la intervención.
“Estamos trabajando en reuniones para poder avanzar”, señaló.
La polémica surge a partir de la intervención del puerto dispuesta por la ANPyN, que había señalado presuntas irregularidades en materia de seguridad y administración.
Sin embargo, la aparición de este documento oficial reavivó el debate y abrió un nuevo capítulo en la disputa.
