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La iniciativa surge a partir de un estudio realizado por la Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que analizó la realidad local y puso en evidencia problemáticas vinculadas al cuidado, especialmente en sectores vulnerables.
El acuerdo establece una articulación estratégica entre el Ejecutivo y el Legislativo para impulsar políticas públicas adaptadas a las particularidades de Río Grande, como el crecimiento poblacional y la alta proporción de familias migrantes sin redes de contención.
En ese contexto, uno de los ejes centrales es abordar la denominada “pobreza de tiempo”, una situación que afecta principalmente a mujeres que deben asumir solas las tareas de cuidado.
“Hay muchas mujeres que cuidan solas y no tienen redes familiares o de confianza”, señaló la concejal Arce.
La edil explicó que el objetivo es avanzar en un relevamiento profundo sobre el rol del Estado municipal en el acompañamiento a las familias, con especial foco en la primera infancia.
Entre los principales compromisos asumidos se destacan:
Además, se buscará agilizar el tratamiento de ordenanzas vinculadas a niñez, personas mayores y discapacidad.
“El Concejo Deliberante se compromete a acompañar y darle más entidad a este tipo de legislaciones”, afirmó Arce.
Desde el ámbito legislativo también advirtieron sobre una problemática de fondo que atraviesa a muchas familias: la falta de confianza en instituciones de cuidado.
“Hay una desconfianza muy grande al momento de dejar a los niños en instituciones, sobre todo en los primeros años”, remarcaron.
En ese sentido, adelantaron que los resultados finales de la investigación estarán disponibles en los próximos meses y servirán como base para el diseño de nuevas políticas públicas en la ciudad.
