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El funcionario confirmó además que el Ejecutivo encabezado por Gustavo Melella avanzará con el veto de la norma sancionada durante la última sesión ordinaria de la Legislatura provincial.
Según explicó Fossatto, el Gobierno considera que el llamado a elecciones ya puso en marcha formalmente el proceso electoral y que la derogación aprobada posteriormente no tendría efecto directo sobre ese cronograma.
“La ley sancionada no tiene una interferencia directa sobre el proceso electoral que ya está en marcha.”
El Secretario Legal señaló que actualmente se trabaja en un análisis doctrinario y jurisprudencial para fundamentar jurídicamente el decreto de veto que será elevado al Poder Ejecutivo.
Además, advirtió que en caso de que la Legislatura insista con la aprobación de la norma, el Gobierno evaluará posibles acciones judiciales, aunque insistió en que esa situación tampoco debería alterar los plazos previstos para las elecciones de convencionales constituyentes.
Fossatto sostuvo que existen antecedentes que respaldan la continuidad del proceso electoral aun cuando se intente derogar posteriormente la ley que dio origen a la convocatoria.
En otro tramo de sus declaraciones, el funcionario informó que mantuvo una reunión junto a la coordinadora de la Secretaría Legal, Mariángeles Arroyo, con autoridades de la Justicia Electoral provincial para avanzar en la organización de los comicios previstos para el próximo 9 de agosto.
Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos vinculados al cronograma electoral, la logística del proceso y los futuros convenios necesarios para garantizar la realización de la elección.
Entre otros puntos, se abordaron cuestiones relacionadas con:
El funcionario adelantó además que durante esta semana podría quedar definido oficialmente el cronograma electoral completo.
La discusión sobre la reforma constitucional se convirtió en uno de los principales focos de tensión política en Tierra del Fuego, luego de que distintos sectores cuestionaran tanto la oportunidad política de la convocatoria como el alcance de los cambios impulsados por el oficialismo provincial.
