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Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la normativa aprobada por la Legislatura podría afectar seriamente el funcionamiento del Estado y comprometer la prestación de servicios esenciales.
“Esta ley es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”, afirmó Barrozo.
El funcionario explicó además que “no solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos de los enviados por Nación habría que transferir a los municipios”.
Barrozo aclaró que el veto “no es en contra de los municipios”, sino que responde a cuestiones institucionales y financieras que impedirían aplicar un sistema de esas características.
En los fundamentos del veto, el Ejecutivo provincial sostuvo que no se discute la coparticipación municipal ni los recursos que corresponden a cada ciudad, sino la implementación de un esquema automático y rígido que, según informes técnicos, no podría ejecutarse sin afectar la administración financiera provincial.
De acuerdo al documento oficial, la Contaduría General, el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos coincidieron en señalar que el sistema aprobado carece de viabilidad técnica y operativa.
El Ejecutivo advirtió que un mecanismo de transferencias automáticas diarias podría comprometer fondos destinados a salud, educación, seguridad, infraestructura y otros servicios esenciales.
Entre los argumentos expuestos, la Contaduría General indicó que una transferencia automática diaria podría generar errores, transferencias indebidas o afectar recursos que poseen asignaciones específicas establecidas por ley.
Asimismo, el Gobierno remarcó que en el actual contexto económico resulta necesario conservar herramientas de administración financiera que permitan afrontar emergencias y garantizar el funcionamiento del Estado provincial.
En ese sentido, el veto sostiene que la ley avanzaba sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y alteraba mecanismos técnicos de control previstos tanto en la Constitución provincial como en las normas vigentes.
Finalmente, desde el Ejecutivo indicaron que la decisión busca preservar el equilibrio financiero de la Provincia y asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
