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Desde el Gobierno sostuvieron que el proceso de reforma constitucional ya se encuentra formalmente en marcha, luego de la declaración de necesidad aprobada oportunamente por la Legislatura y el posterior decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.
En los fundamentos del veto se señala que la activación de la reforma no constituye una ley ordinaria, sino la puesta en funcionamiento del mecanismo excepcional previsto por la propia Constitución Provincial para habilitar el ejercicio del poder constituyente derivado.
El ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, afirmó que “lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”.
Además, explicó que “la convocatoria a reforma no es una ley simple, no es una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.
“No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, expresó el funcionario, quien además aseguró que “todo el proceso se ha dado dentro del marco de la ley y la Constitución”.
El Ejecutivo provincial sostuvo que interrumpir el proceso de reforma constitucional afectaría derechos políticos fundamentales y generaría inseguridad institucional.
En ese sentido, el texto del veto advierte que la Legislatura no estaría derogando una norma común, sino intentando frenar un proceso constitucional ya iniciado y con actos institucionales en curso, entre ellos la convocatoria electoral para elegir convencionales constituyentes.
Asimismo, desde el Gobierno señalaron que permitir la interrupción de este tipo de mecanismos habilitaría a mayorías circunstanciales a revertir decisiones institucionales ya adoptadas, modificando reglas constitucionales según coyunturas políticas transitorias.
Otro de los argumentos expuestos es que actualmente existe un proceso electoral formalmente convocado, por lo que dejarlo sin efecto de manera intempestiva afectaría la previsibilidad institucional y los derechos de participación política de la ciudadanía.
Finalmente, el Ejecutivo remarcó que las y los fueguinos tienen derecho a debatir y decidir democráticamente sobre el futuro de la Constitución Provincial, participando mediante el mecanismo previsto por el orden constitucional vigente.
