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Según sostuvo la funcionaria, la medida resultaba “inviable” desde el punto de vista financiero y legal y, de haberse aplicado, habría puesto en riesgo la continuidad del sistema energético en toda la provincia.
Castillo explicó que gran parte del valor que pagan los usuarios está determinado por el Gobierno nacional, por lo que la Provincia no cuenta con margen suficiente para retrotraer tarifas sin generar un fuerte desfinanciamiento.
“La factura que paga el vecino, el 60% está establecida por Nación”, afirmó la Ministra.
En ese sentido, advirtió que una decisión de ese tipo habría llevado tanto a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande como a la Dirección Provincial de Energía a acumular deudas y enfrentar sanciones.
Respecto al gas natural, la funcionaria remarcó que las tarifas tampoco son definidas por el Ejecutivo fueguino.
“La tarifa del gas no la define la Provincia, la habilita la Secretaría de Energía de la Nación”, sostuvo.
Además, consideró que retrotraer los valores hubiera generado un conflicto legal con Nación sin resolver el problema estructural de los costos energéticos.
En cuanto al servicio de agua, Castillo señaló que actualmente no se realizan cortes y que ya existen herramientas de asistencia para familias con dificultades económicas.
“A nadie se le corta el agua y hay tarifa subsidiada para casos sociales”, expresó.
También recordó que recientemente estuvo vigente una moratoria de seis meses para regularizar deudas sin intereses.
Otro de los argumentos planteados por la Ministra fue el carácter “inequitativo” del proyecto legislativo, al considerar que otorgaba los mismos beneficios tanto a sectores vulnerables como a usuarios con mayor capacidad económica.
Castillo aseguró que el Gobierno continuará sosteniendo mecanismos de ayuda focalizada para vecinos que no pueden afrontar el pago de los servicios, sin comprometer el financiamiento general del sistema energético y de agua en la provincia.
Además, indicó que las oficinas de la DPOSS y de la DPE continúan abiertas para asistir a usuarios que necesiten acordar planes de pago o adecuaciones.
