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Según sostuvo el Ejecutivo provincial en su presentación judicial, la decisión genera incertidumbre sobre un proceso institucional que ya se encontraba en marcha y contradice resoluciones previas del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
Desde el Gobierno argumentan que al momento de dictarse el decreto no existía ninguna medida cautelar vigente ni una resolución judicial que impidiera avanzar con la convocatoria electoral.
En la apelación, el Ejecutivo señala además que el Superior Tribunal ya se había pronunciado sobre la cuestión al validar la Ley Provincial N.º 1529, levantar la cautelar que suspendía el proceso y ordenar una nueva convocatoria a elecciones.
Otro de los puntos planteados es que la sentencia del Juzgado Electoral habría interpretado los efectos de resoluciones emitidas por el máximo tribunal provincial, situación que, según la postura oficial, podría afectar el esquema de jerarquías institucionales previsto por la legislación fueguina.
El Gobierno solicitó la intervención urgente de la Cámara para que revise el fallo y permita la continuidad del proceso electoral. Asimismo, sostuvo que en la controversia se encuentran involucrados aspectos vinculados a la autonomía provincial, la división de poderes, los derechos políticos de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones republicanas.
Cabe señalar que estos argumentos corresponden a la posición expresada por el Poder Ejecutivo en su apelación judicial, mientras el expediente continúa su trámite en las instancias correspondientes.
