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La polémica por el concurso de la Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego sumó un nuevo testimonio. Ana Andrade, licenciada en Trabajo Social y postulante excluida del proceso, contó en La Otra Mirada su experiencia y sostuvo que desde las primeras etapas encontró requisitos que, a su entender, resultaban poco claros.
Andrade explicó que presentó documentación tanto por Mesa de Entrada de la Legislatura como por correo electrónico y que posteriormente se enteró de su exclusión al consultar las actas publicadas. Según relató, realizó presentaciones para conocer qué había ocurrido y aseguró que todavía no logra determinar con precisión cuál fue el requisito que incumplió.
“Hasta el día de hoy yo no entiendo qué error cometí, qué me faltó certificar”, afirmó Andrade durante la entrevista en FM Austral 106.7.
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Ana Andrade en La Otra Mirada – FM Austral 106.7
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con los plazos para corregir documentación. Andrade afirmó que recibió un correo un viernes por la tarde para subsanar una observación el lunes entre las 9 y las 15 horas. Según su relato, posteriormente conoció que otros postulantes habrían contado con cuatro días adicionales para completar documentación, situación que consideró desigual.
Su planteo se suma a cuestionamientos que Nueva Hora Magazine ya había documentado. Una presentación ingresada a la Legislatura por postulantes no admitidos pidió explicaciones sobre los criterios de admisibilidad, las razones de determinadas exclusiones, el acceso a documentación y las oportunidades otorgadas para subsanar requisitos. Desde la Legislatura, en cambio, se ha defendido públicamente la transparencia del concurso y se destacaron mecanismos implementados en las etapas posteriores, entre ellos la anonimización de exámenes y la participación de un representante de la Defensoría nacional como veedor.
Andrade aclaró que sus críticas no apuntan contra los profesionales que continúan concursando ni contra la creación de la Defensoría. Por el contrario, sostuvo que la institución es necesaria y remarcó la importancia de preservar el trabajo conjunto entre quienes intervienen diariamente en políticas de infancia y adolescencia.
También consideró improbable que el concurso sea suspendido. Su planteo hacia adelante fue que el proceso continúe, pero que las dificultades observadas sirvan para revisar futuros procedimientos: “Sigan haciendo concursos porque es válido. Pero no cometan el mismo error que cometieron hoy”, expresó.
El testimonio vuelve así sobre una pregunta que Nueva Hora Magazine planteó al analizar el proceso: más allá de las garantías incorporadas en las etapas posteriores, resta determinar si los cuestionamientos administrativos de quienes quedaron excluidos recibieron respuestas individuales, fundadas y oportunamente notificadas.
