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La situación económica de Tierra del Fuego y el futuro de Río Grande fueron protagonistas de un intenso debate en City a la Parrilla, conducido por Agustín Arcenegui. Durante la emisión del jueves 15 de octubre, representantes de diferentes espacios políticos analizaron el deterioro del empleo, las dificultades que atraviesan las familias fueguinas y las responsabilidades de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. La discusión expuso profundas diferencias ideológicas, pero también una preocupación compartida por la falta de soluciones estructurales.
Uno de los momentos más fuertes llegó cuando Arcenegui cuestionó el rumbo de la provincia después de 35 años de autonomía y apuntó contra la falta de políticas de Estado. El conductor planteó que los problemas actuales no pueden atribuirse exclusivamente a una gestión o al Gobierno nacional, sino que requieren revisar las decisiones tomadas durante décadas. En ese contexto, Samuel Muñoz, referente del espacio liberal, formuló duras críticas a la calidad de la obra pública, el manejo de los recursos estatales y las responsabilidades de sucesivas administraciones fueguinas. Sus cuestionamientos abrieron una discusión sobre la necesidad de controles, transparencia y planificación a largo plazo.
“No podemos vivir culpando a los gobiernos nacionales de las malas acciones que se hacen acá.”
— Samuel Muñoz
La crisis industrial también ocupó un lugar central. María Mesa, docente y referente del Frente de Izquierda, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias sociales de los cierres de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo. Desde su perspectiva, resulta necesario impulsar una intervención estatal con participación de los trabajadores para preservar la producción y recuperar el empleo. Por su parte, Carlos Muncy, dirigente peronista de la Margen Sur, defendió la importancia del régimen industrial fueguino y señaló que las decisiones nacionales sobre importaciones afectan directamente a la economía provincial. Ambos coincidieron en la necesidad de proteger las fuentes laborales, aunque expresaron diferentes propuestas sobre cómo hacerlo.
Otro de los ejes fue el distanciamiento entre la política y las necesidades cotidianas de los vecinos. Muncy sostuvo que la pérdida del sentido de comunidad debilitó la capacidad de organización y reclamó recuperar una representación política construida desde los barrios. José Luis Santana, vinculado al Gobierno provincial, destacó las dificultades que enfrentan quienes deben responder a las demandas sociales en un contexto de recursos limitados. El intercambio también abordó las tarifas de gas, los subsidios energéticos, el acceso a la vivienda y la situación de la Margen Sur, donde la falta de infraestructura y servicios volvió a poner en discusión la responsabilidad del Estado.
El debate dejó expuesta una contradicción que atraviesa a la política fueguina: mientras los distintos sectores discuten cuánto debe intervenir el Estado, miles de familias necesitan respuestas concretas sobre trabajo, vivienda y servicios esenciales. También quedó planteada la necesidad de revisar la responsabilidad de las empresas beneficiadas por el régimen de promoción industrial y la capacidad de los gobiernos para anticiparse a los cambios económicos. Más allá de las diferencias entre izquierda, peronismo y liberalismo, la pregunta que atravesó la mesa sigue abierta: ¿cuánto tiempo más puede Tierra del Fuego sostener sus problemas estructurales sin construir un proyecto de desarrollo a largo plazo?
