Bogado: “El ajuste no debe afectar a los sectores más vulnerables”

Bogado se opone al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

05.08.25 El concejal de Río Grande, Jonatan Bogado, manifestó su rechazo al Decreto 534/2025 del Gobierno Nacional, que veta la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta norma, aprobada por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, significaba un avance importante en el reconocimiento de derechos para miles de familias en situación de vulnerabilidad.

“El presidente Milei ha vetado una ley que no otorgaba privilegios, sino que garantizaba derechos fundamentales. Con un impacto fiscal mínimo, esta ley centraba su atención en las personas con discapacidad, asegurando su derecho a una vida digna, al trabajo y a una atención de salud adecuada”, enfatizó Bogado.

La ley vetada modificaba el sistema de pensiones, permitiendo que las personas con Certificación Única de Discapacidad (CUD) en situación de vulnerabilidad accedieran a los beneficios sin tener que demostrar una ‘incapacidad total’ para trabajar. Además, habilitaba la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. También buscaba mejorar las condiciones de los prestadores de servicios esenciales, como transporte, centros de día, rehabilitación y talleres protegidos, que actualmente enfrentan dificultades debido a la falta de actualización de sus aranceles.

“Hacer recortes en discapacidad es una crueldad inherente al modelo libertario. El Gobierno nacional opta por reducir recursos donde más duele, demostrando una total falta de empatía y desprecio hacia las vidas de quienes más dependen del Estado”, subrayó el edil.

Bogado anunció que presentará un proyecto de declaración en el Concejo Deliberante de Río Grande para rechazar el veto presidencial y respaldar el reclamo de diversas organizaciones, familiares, trabajadores del sector y personas con discapacidad de todo el país.

“El Estado no puede ser indiferente ante quienes más lo necesitan. Este veto es un retroceso inaceptable. Es nuestra obligación e responsabilidad institucional alzar la voz y defender los derechos humanos en cada rincón del país”, concluyó.