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De acuerdo a estimaciones y proyecciones difundidas por analistas y agencias internacionales, la inflación anual en Argentina habría cerrado 2025 en torno al 31 %, el registro más bajo desde 2018.
El dato representa un cambio significativo respecto a los picos inflacionarios de años anteriores y es presentado por el Gobierno nacional como una señal de orden macroeconómico. No obstante, la realidad cotidiana muestra un escenario más complejo.
Mientras los precios de algunos bienes muestran menor ritmo de aumento, los servicios continúan registrando subas sostenidas. Transporte, alquileres, tarifas energéticas y servicios de salud siguen presionando sobre los ingresos de trabajadores y jubilados, cuyos salarios aún no logran recuperar el poder adquisitivo perdido.
El efecto de la inflación no se mide solo en porcentajes, sino en capacidad real de consumo. En muchos hogares, el ajuste se traduce en recortes, endeudamiento o resignación de gastos básicos, aun cuando los indicadores oficiales muestran una desaceleración.
Economistas advierten que la baja inflacionaria es un proceso que, para reflejarse en la vida diaria, necesita estabilidad sostenida en el tiempo y una recomposición de ingresos. Sin esos factores, la mejora macroeconómica corre el riesgo de quedar encapsulada en los números.
La pregunta que empieza a instalarse es clara: cuánto tiempo más puede sostenerse la distancia entre los indicadores económicos y la experiencia real de la población. Porque una inflación más baja es una condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar la calidad de vida.
