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Según indicaron desde el organismo, la medida generaría un perjuicio superior a los 5 mil millones de pesos para la DPOSS y pondría en tensión el equilibrio financiero necesario para garantizar la continuidad del servicio.
El presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra, defendió las políticas implementadas por el Gobierno provincial y aseguró que el organismo mantiene una política de acompañamiento social sin afectar el acceso al agua potable.
“En estos siete años de gestión no se le ha cortado el servicio a ningún vecino”, afirmó.
Además, remarcó que el agua es un servicio esencial directamente vinculado con la salud pública y buscó llevar tranquilidad frente a versiones sobre posibles restricciones a usuarios residenciales.
Pereyra recordó que desde hace siete meses se encuentra vigente una moratoria destinada a facilitar la regularización de deudas.
Según precisó, cerca de 8 mil usuarios ya adhirieron al plan de pagos, lo que —afirmó— refleja el compromiso de los vecinos con la institución.
✔️ No se realizan cortes de agua a usuarios residenciales.
✔️ Existe una moratoria para regularizar deudas.
✔️ Hay herramientas de asistencia para sectores vulnerables.
✔️ Las tarifas aumentaron por debajo de la inflación.
De acuerdo con los datos brindados por el organismo, durante los primeros meses del año la actualización tarifaria fue del 6,86%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 12,3%.
Desde la DPOSS señalaron que la iniciativa legislativa podría afectar seriamente la capacidad operativa y financiera del ente sanitario, comprometiendo inversiones, mantenimiento de infraestructura y futuras obras.
“Poner en riesgo los recursos de la DPOSS es poner en riesgo un servicio esencial”, sostienen desde el organismo provincial.
Finalmente, Pereyra insistió en la necesidad de garantizar previsibilidad económica para continuar ejecutando obras, reequipamiento y mejoras del sistema sanitario en toda la provincia.
