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La provincia atraviesa una realidad climática extrema donde el acceso al gas no es un lujo, sino una necesidad básica. Durante los últimos años, una de las políticas impulsadas por el gobernador Gustavo Melella estuvo orientada justamente a ampliar el acceso de los sectores populares al servicio, incluyendo intentos para que el Estado pudiera actuar como garante de familias que necesitaban financiar conexiones domiciliarias.
La propuesta buscaba resolver un problema concreto: miles de vecinos que no podían afrontar los costos de conexión pese a vivir en una de las regiones más frías del país.
Sin embargo, cada vez que se discute el esquema de subsidios, aparecen sectores políticos, empresariales y económicos que rápidamente levantan la bandera del “impacto social”, aunque en muchos casos no son precisamente quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Allí es donde la discusión deja de ser solamente económica y pasa a ser profundamente política.
Porque una cosa es defender a una familia trabajadora que necesita calefaccionarse en invierno. Otra muy distinta es sostener beneficios generalizados que también alcanzan a sectores de alto poder adquisitivo, grandes propietarios o actores con capacidad económica suficiente para afrontar tarifas plenas.
La discusión además ocurre en medio de fuertes tensiones políticas dentro del escenario fueguino.
Melella, que fue reelecto en 2023 con más del 50% de los votos, mantiene diferencias con sectores del peronismo provincial vinculados al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien atraviesa su tercer mandato consecutivo al frente de la capital fueguina y conserva fuerte influencia política dentro de distintos espacios institucionales.
En ese contexto, desde sectores cercanos al oficialismo provincial sostienen que muchas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo encuentran resistencias políticas permanentes en la Legislatura, especialmente cuando se trata de avanzar sobre estructuras históricas de poder o modificar esquemas de distribución de recursos.
Y allí aparece otra pregunta inevitable: ¿hasta dónde algunas discusiones públicas realmente buscan proteger a los sectores vulnerables y hasta dónde funcionan como herramientas para preservar privilegios?
En Tierra del Fuego existe una realidad evidente: no todos necesitan el subsidio de la misma manera.
No es lo mismo una familia que todavía lucha por conectarse al gas que sectores económicamente consolidados que históricamente también accedieron a beneficios energéticos.
La verdadera discusión quizá no sea si debe existir el subsidio, sino cómo se distribuye y a quién termina favoreciendo realmente.
Porque utilizar un problema social legítimo para defender intereses sectoriales termina desvirtuando el debate y alejándolo de quienes verdaderamente necesitan la presencia del Estado.
Y en una provincia donde el frío no perdona, la política energética debería empezar justamente por ahí: por diferenciar la necesidad real del privilegio disfrazado de necesidad.
