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Porque la verdad es incómoda, pero evidente: no cambiaron las condiciones económicas de Tierra del Fuego, cambiaron los intereses de quienes manejan el poder político.
Hace apenas unos años, muchos de los mismos sectores legislativos acompañaban la necesidad de avanzar con una reforma constitucional. Hoy, varios de esos actores aparecen como sus principales detractores. Y no porque haya surgido una nueva crisis, porque la provincia ya atravesaba problemas estructurales de empleo, salarios, salud, educación y financiamiento cuando esos votos fueron emitidos.
Lo que verdaderamente cambió fue el tablero político.
La pelea entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, terminó trasladándose al corazón institucional de la provincia. Una disputa de poder que ya no se limita a diferencias de gestión, sino que condiciona decisiones legislativas, alianzas circunstanciales y hasta el futuro institucional fueguino.
Y en el medio queda la gente.
Porque mientras la política juega su partida de ajedrez, los fueguinos observan cómo temas trascendentales se utilizan como herramientas de presión, negociación o castigo político. Hoy ocurre con Melella. Ayer ocurrió con Jorge Colazo, gobernador destituido en medio de otra feroz disputa de poder. Y la pregunta inevitable es: ¿mañana ocurrirá lo mismo con cualquier otro gobernador que quede aislado políticamente?
La historia fueguina parece repetir un patrón preocupante: cuando los acuerdos políticos se rompen, las instituciones quedan atrapadas en internas que muchas veces poco tienen que ver con las verdaderas necesidades de la sociedad.
En este contexto, la reforma constitucional dejó de ser solamente una discusión jurídica o institucional. Se transformó en el reflejo de una crisis política más profunda, donde los posicionamientos cambian según las conveniencias del momento y donde los ciudadanos terminan viendo cómo los discursos se contradicen con una facilidad alarmante.
Lo más grave quizás no sea la reforma en sí misma, sino la sensación de que en la política argentina —y también en Tierra del Fuego— las reglas parecen modificarse dependiendo de quién tenga el control del poder.
Y eso erosiona algo mucho más importante que una ley: la confianza de la sociedad en sus instituciones.
