Pablo Daniel Blanco: “Rechacé los decretos porque vacían organismos clave del Estado y ponen en riesgo a Tierra del Fuego”

¿Qué organismos se veían afectados?

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): encargado de certificar calidad de productos y dar apoyo técnico a la industria. Pasaba a ser una simple oficina bajo un ministerio, perdiendo independencia. Esto podía afectar la exportación de productos argentinos al no ser reconocidas las certificaciones.
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): se eliminaba su Consejo Directivo, que reúne a universidades, provincias y productores, y quedaba bajo control político directo. Según Blanco, esto ponía en riesgo proyectos de investigación sobre cultivos, sanidad animal y asistencia al campo.
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG): herramienta central para la identificación de nietos apropiados durante la dictadura. Perdía autonomía y quedaba bajo control de la Jefatura de Gabinete. Esto, según el senador, podía afectar la cadena de custodia de pruebas en juicios de lesa humanidad y la confianza de las familias.
Dirección Nacional de Vialidad (DNV): directamente disuelta. Sus funciones pasaban al Ministerio de Economía y a la Gendarmería. Blanco criticó esta medida porque “los policías pueden controlar, pero no planificar ni mantener rutas”, lo que afecta la seguridad vial y el desarrollo territorial.
El impacto en Tierra del Fuego

Blanco fue tajante respecto a las consecuencias locales:

Ruta Nacional 3: “Es nuestra columna vertebral para abastecimiento, turismo y producción. Sin la DNV, se pierden los protocolos y equipos para mantener el Paso Garibaldi en invierno. Eso aumenta el riesgo de desabastecimiento y aislamiento de la isla”.
INTI e INTA: “Las pymes fueguinas necesitan ensayos, calibraciones y asistencia técnica. Si se centraliza todo en Buenos Aires, habrá demoras, más costos y menos apoyo local. En el agro, los estudios sobre suelos y clima austral quedarían desfinanciados”.
Producción y empleo: “En un contexto de cambios al régimen promocional, quitar estas herramientas técnicas multiplica la incertidumbre para las empresas y el trabajo en la provincia”.
Un retroceso en derechos humanos

En cuanto al Banco de Datos Genéticos, Blanco recordó que fue creado en 1987 como respuesta a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. “Transformarlo en un organismo dependiente de la política significa un retroceso en memoria, verdad y justicia”, afirmó.

Conclusión

“El rechazo a estos decretos no es un capricho político. Es la defensa de instituciones técnicas y federales que garantizan seguridad vial, calidad de productos, investigación agropecuaria y derechos humanos. Si desaparecen o se vacían, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, y en provincias como Tierra del Fuego el impacto sería inmediato y muy grave”, cerró el senador.