NuevaHoraMagazine
Los últimos informes del INDEC indican una desaceleración de la inflación mensual, un dato que el Gobierno nacional presenta como un avance en el ordenamiento de la economía. Sin embargo, en la calle, en los hogares y en los comercios de barrio, la percepción es otra: los salarios y las jubilaciones no alcanzan para cubrir los gastos básicos.
El precio de los alimentos, los servicios, los alquileres y el transporte continúa en niveles elevados, mientras que los ingresos corren muy por detrás. A esto se suma una realidad cada vez más extendida: familias que recurren al endeudamiento, al uso permanente de tarjetas de crédito o a la reducción del consumo, incluso en productos esenciales.
Economistas y especialistas advierten que bajar la inflación no implica automáticamente una mejora en la calidad de vida. Sin una recuperación del poder adquisitivo, la estabilidad macroeconómica puede traducirse en una economía más ordenada, pero socialmente empobrecida.
El impacto se refleja también en la actividad comercial y productiva. La caída del consumo afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan menores ventas, aumento de costos y dificultades para sostener el empleo.
En este contexto, la discusión económica excede los porcentajes y los gráficos. La pregunta que atraviesa a millones de hogares es directa y profunda:
¿De qué sirve que la inflación baje si la mayoría de la población no llega a fin de mes?
