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El Gobierno fueguino, encabezado por el gobernador Gustavo Melella, respondió con una estrategia clara: acción judicial, reclamo político y defensa explícita de los derechos provinciales. Sin embargo, a más de una semana de conocida la medida, hay un dato que llama poderosamente la atención: el silencio absoluto de los demás gobernadores del país.
No hubo comunicados conjuntos, ni pronunciamientos individuales, ni siquiera expresiones de preocupación institucional. Tampoco se escucharon voces desde los espacios de articulación federal que suelen activarse cuando una provincia denuncia un avance del poder central sobre sus competencias.
En política, el silencio rara vez es neutral. Puede ser cautela, cálculo o resignación. Pero cuando se trata de una intervención cuestionada por inconstitucional, el mutismo de los pares provinciales deja un mensaje inquietante: la defensa del federalismo parece haber quedado librada a la suerte individual de cada provincia.
Hoy es el Puerto de Ushuaia. Mañana podría ser cualquier otro puerto, recurso estratégico o ente descentralizado en otra jurisdicción. El antecedente que se construya en este caso no es menor: si una intervención de este tipo no genera una reacción colectiva, el federalismo corre el riesgo de transformarse en una formalidad declamativa.
Resulta difícil no preguntarse si este silencio está atravesado por negociaciones paralelas, dependencias financieras o alineamientos políticos coyunturales con el Gobierno nacional. En un país donde la coparticipación, las obras públicas y la asistencia financiera suelen ser herramientas de disciplinamiento, el costo de alzar la voz puede ser alto.
Pero justamente ahí radica el sentido profundo del federalismo: en la capacidad de las provincias de actuar solidariamente cuando se vulnera una autonomía, más allá de los colores partidarios o las conveniencias del momento.
La intervención del Puerto de Ushuaia no es un problema local ni sectorial. Es un caso testigo. Y el silencio de los gobernadores frente a esta situación no puede ser leído como una simple omisión, sino como una señal política que merece ser analizada y debatida.
Si el federalismo argentino pretende ser algo más que una consigna, este tipo de conflictos debería encontrar a las provincias unidas, no aisladas. Porque cuando el silencio se vuelve regla, lo que se debilita no es solo una provincia: se debilita el sistema entero.
