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El concurso para poner en funcionamiento la primera Defensoría Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes avanzó considerablemente durante los últimos meses. Hubo examen escrito, evaluación de antecedentes, orden de mérito y Audiencia Pública. Desde la Legislatura se destacó reiteradamente la transparencia del procedimiento y la incorporación de distintas garantías para asegurar objetividad.
Sin embargo, existe otro capítulo del proceso que todavía merece ser observado. El 26 de junio ingresó formalmente a la Legislatura una carta firmada por postulantes no admitidos que planteó cuestionamientos sobre la etapa inicial de selección y solicitó una reunión con la totalidad de los legisladores.
El documento no pide suspender la creación de la Defensoría ni cuestiona su necesidad. Por el contrario, los firmantes sostienen que precisamente por la trascendencia de la institución consideran necesario garantizar transparencia, publicidad, objetividad, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica.
Entre los puntos planteados aparecen interrogantes sobre los criterios utilizados para acreditar determinados requisitos, la fundamentación de las exclusiones, el acceso a la documentación del concurso y las posibilidades otorgadas a algunos aspirantes para subsanar observaciones.
La pregunta ya no es solamente si el concurso tuvo mecanismos de transparencia. La pregunta es si los cuestionamientos concretos presentados por quienes quedaron afuera fueron respondidos de manera individual, fundada y oportuna.
Uno de los aspectos señalados en la presentación refiere a diferencias en las posibilidades de subsanación. Los firmantes mencionan un acta mediante la cual siete postulaciones habrían tenido un plazo excepcional para completar documentación y preguntan por qué ese mecanismo no habría sido aplicado posteriormente frente a situaciones que, según sostienen, también podían ser aclaradas o complementadas.
También aseguran haber realizado solicitudes de revisión, reconsideraciones, impugnaciones y pedidos de acceso a información. En la carta sostienen que, en distintos casos, esas presentaciones no habían recibido una respuesta individual y fundada que permitiera conocer las razones de las decisiones adoptadas.
La legisladora María Victoria Vuoto, integrante de la Comisión Evaluadora, defendió públicamente el procedimiento y sostuvo que el concurso se desarrolló con transparencia. Desde el Poder Legislativo también se informaron posteriormente diferentes mecanismos destinados a garantizar la objetividad de las siguientes etapas.
Entre ellos estuvieron la anonimización de los exámenes escritos, el resguardo de la matriz de respuestas correctas, la evaluación de antecedentes y planes de trabajo y la participación de un representante de la Defensoría nacional como veedor del proceso.
El concurso siguió avanzando: de los 19 postulantes admitidos, 17 rindieron el examen escrito y 16 lo aprobaron. Posteriormente se estableció un orden de mérito y se realizó la Audiencia Pública con participación ciudadana.
Esos mecanismos constituyen elementos relevantes para evaluar la transparencia de las etapas posteriores del procedimiento.
Pero no necesariamente contestan otro interrogante: qué ocurrió con los cuestionamientos formulados sobre la etapa previa de admisibilidad.
Defender públicamente la legalidad de un procedimiento forma parte del debate político. Pero cuando existen presentaciones administrativas concretas, la discusión también ingresa en otro terreno.
Los postulantes excluidos solicitaron conocer cuáles fueron los criterios aplicados, por qué determinada documentación fue considerada insuficiente, por qué existieron posibilidades de subsanación en determinados casos y cuál fue la resolución de los recursos y pedidos de revisión presentados.
Por eso, más allá de las declaraciones cruzadas, existe una forma sencilla de despejar las dudas: hacer públicas las respuestas institucionales correspondientes, si estas ya fueron emitidas.
La creación de una Defensoría destinada precisamente a garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes tiene una relevancia institucional que excede cualquier discusión partidaria. Cuanto mayor sea la transparencia sobre cada una de las etapas del concurso —incluidas las decisiones cuestionadas— mayor será también la legitimidad de quien finalmente resulte designado.
La Audiencia Pública permitió avanzar en participación ciudadana. Ahora queda una pregunta igualmente sencilla: ¿los planteos administrativos de quienes fueron excluidos ya fueron respondidos y notificados?
Si la respuesta es sí, conocer esas resoluciones permitiría despejar buena parte de las dudas.
Si todavía no ocurrió, la pregunta continúa vigente.
DOCUMENTO | Presentación realizada ante la Legislatura
A continuación, Nueva Hora Magazine pone a disposición de sus lectores la presentación completa realizada por postulantes no admitidos en el concurso, para que pueda consultarse de manera directa la documentación que sustenta los planteos mencionados en esta nota.
