Cuando el poder decide qué es “ilegítimo”: sanciones, recursos y una peligrosa distorsión de la información

En los últimos días circularon noticias que califican como “recursos ilícitos” al petróleo transportado por buques vinculados a determinados países. La afirmación, presentada sin contexto, genera una grave distorsión: los recursos naturales de un país no son ilegítimos por el solo hecho de ser comercializados por ese país.

Entonces, ¿qué está pasando realmente?

Sanciones no son derecho internacional

Cuando un medio afirma que un cargamento es “ilegal”, en muchos casos no se refiere al derecho internacional, sino a sanciones unilaterales impuestas por un Estado poderoso —principalmente Estados Unidos— o por bloques alineados a sus intereses.

Esas sanciones:

• No son votadas por organismos multilaterales universales

• No obligan jurídicamente a todos los países

• Responden a decisiones políticas y geoestratégicas

Sin embargo, en el discurso mediático suelen presentarse como si fueran una verdad absoluta y global.

El problema del lenguaje: cuando informar también domina

Hablar de “recursos ilícitos” sin aclarar el marco desde el cual se hace esa afirmación no es un error menor. Es una forma de legitimar una narrativa donde:

• Un país poderoso define qué comercio es válido

• Los países con menor poder quedan automáticamente bajo sospecha

• Las relaciones económicas soberanas se presentan como delitos

De este modo, la información deja de explicar y pasa a disciplinar.

Poder, negocios y doble vara

Países como Rusia, Venezuela o Irán venden recursos que les pertenecen por derecho soberano. Que esas operaciones violen sanciones impuestas por otra potencia no las convierte automáticamente en ilegales a nivel mundial.

Sin embargo, cuando el poder militar, financiero y mediático se concentra, la interpretación del más fuerte se impone como sentido común.

¿Qué se normaliza cuando no se explica?

Cuando no se hace esta distinción, se naturaliza que:

• Un país pueda perseguir barcos en aguas internacionales

• Se confundan sanciones políticas con delitos universales

• Se justifique la intervención económica como “orden”

Y lo más grave: se legitima la idea de que la soberanía económica depende del permiso de las potencias.

Una responsabilidad del periodismo

Explicar estas diferencias no es tomar partido: es hacer periodismo.
Informar sin contexto, repitiendo términos oficiales como “ilícito” o “ilegal”, contribuye a una lógica donde el poder decide y el relato acompaña.

En un mundo atravesado por disputas geopolíticas, energéticas y económicas, el lenguaje no es neutro. Llamar “ilegítimo” al negocio de un país no solo confunde: justifica la dominación.

Porque cuando el poder define qué es legal y qué no, ya no hablamos de derecho: hablamos de fuerza.