¿CONTROL INSTITUCIONAL O DISCIPLINAMIENTO POLÍTICO? EL INTERROGANTE TRAS LA INTERVENCIÓN DEL PUERTO DE USHUAIA

La decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia abrió un debate que excede ampliamente lo administrativo. Más allá de los argumentos formales esgrimidos por Nación, el contexto político en el que se adopta la medida vuelve inevitable una pregunta de fondo: ¿se trata de un control institucional genuino o de una acción con fuerte contenido político?

22/01/2026NuevaHoraMagazineNuevaHoraMagazine
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El Puerto de Ushuaia, en el centro de un debate que excede lo administrativo y reabre la discusión sobre autonomía, control y federalismo.

La intervención se produce en un escenario de tensión sostenida entre el presidente Javier Milei y el gobernador fueguino Gustavo Melella, quienes mantienen posiciones políticas claramente enfrentadas desde el inicio de la actual gestión nacional. Este dato, lejos de ser menor, condiciona la lectura pública de cualquier decisión que involucre recursos estratégicos de la provincia.

Desde el Gobierno nacional se argumentan irregularidades administrativas, problemas de gestión y deficiencias operativas como fundamentos de la intervención. Sin embargo, el interrogante que surge es evidente: si estos problemas forman parte de una lógica estructural del sistema portuario argentino, ¿por qué la medida recae únicamente sobre Ushuaia?

Los puertos del país —sin distinción de jurisdicciones ni signos políticos— arrastran desde hace décadas denuncias, observaciones de organismos de control y cuestionamientos vinculados a la transparencia, el uso de fondos y la eficiencia operativa. En ese contexto, una intervención aislada y selectiva no parece responder a una política integral de saneamiento del sistema, sino más bien a una decisión puntual.

Es allí donde aparece la percepción de persecución política, una lectura que no surge de una afirmación explícita, sino del cruce entre el momento elegido, el territorio afectado y la falta de medidas similares en otras provincias. Cuando el rigor del Estado se aplica solo sobre gobiernos no alineados, el mensaje deja de ser técnico y pasa a ser político.

El debate, entonces, no es si el Puerto de Ushuaia debe ser controlado —toda infraestructura estratégica debe serlo—, sino por qué ese control no se ejerce con el mismo criterio, intensidad y urgencia en todo el país. La transparencia, para ser creíble, no puede ser selectiva.

Mientras Nación y Provincia se preparan para un inevitable conflicto administrativo y judicial, el riesgo es que el fondo del problema quede una vez más relegado: la ausencia de una política portuaria nacional clara, equitativa y desprovista de lecturas partidarias.

En un país atravesado por desconfianza institucional, cada decisión que parece castigar a unos y omitir a otros no solo profundiza las grietas políticas, sino que erosiona aún más la credibilidad del Estado como garante imparcial del interés público.

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