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El presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, Roberto Bogarín, destacó los alcances del proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial en la Legislatura, que apunta a transformar la gestión del sistema previsional.
La iniciativa propone la creación de un Registro Provincial de Historia Laboral, una base de datos digital que concentrará y validará la información de los trabajadores del sector público.
“No cambian las condiciones para jubilarse: lo que cambia es la velocidad, la eficiencia y la transparencia del sistema”
Según explicó Bogarín, el principal problema actual radica en la fragmentación de datos, que obliga a los trabajadores a realizar múltiples trámites para certificar servicios.
Con la implementación de este nuevo sistema, será la propia Caja la que recopile y valide la información directamente desde los organismos estatales, evitando que cada persona deba gestionar certificaciones de manera individual.
“El proyecto genera un cambio de paradigma en la administración pública, un antes y un después en la forma en que gestionamos la información previsional”, afirmó.
Uno de los puntos centrales es que no se introducen cambios paramétricos, es decir, no se modifican los requisitos para acceder a la jubilación, sino que se optimizan los procesos.
Además, el titular del organismo advirtió que el sistema actual presenta un “cuello de botella” que limita la capacidad de respuesta, situación que este registro busca resolver mediante la digitalización de los datos.
Otro de los beneficios destacados es que permitirá calcular de forma automática el haber jubilatorio en base a la información de los últimos años de servicio, lo que aportará mayor previsibilidad y transparencia.
Asimismo, se espera que la herramienta impacte también en jubilados y pensionados, facilitando actualizaciones de haberes de manera más ágil.
Bogarín remarcó que el alcance del proyecto es integral: “El beneficiario es todo el sistema: trabajadores activos, jubilados, pensionados, la Caja y el Estado provincial”.
Finalmente, ante cuestionamientos sobre posibles costos, sostuvo que la implementación no implicará un aumento del gasto público, sino una mejora en el uso de los recursos.
“Genera ahorro, eficiencia y mejores resultados”, concluyó.
