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Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei sostuvo que la apertura económica y los cambios estructurales generarían una llegada masiva de inversiones extranjeras. La promesa fue clara: capitales, empleo y crecimiento. Sin embargo, con el correr de los meses, los anuncios no se materializan y la economía real sigue atravesando una fuerte recesión.
Atraer inversiones no depende solo de reducir impuestos o desregular mercados. Los capitales internacionales suelen evaluar estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica, infraestructura, mercado interno activo y paz social. Cuando estos factores no están garantizados, la inversión se posterga o directamente no llega.
Si bien la inversión extranjera puede generar empleo, transferencia tecnológica y mayor capacidad productiva, también implica riesgos cuando se prioriza exclusivamente el beneficio del capital: precarización laboral, fuga de divisas, concentración económica y pérdida de control sobre sectores estratégicos.
En un contexto donde el consumo interno cae, las pequeñas y medianas empresas cierran y el Estado reduce su presencia, surge una pregunta central:
¿Puede un país atraer inversiones sostenibles si su mercado interno se debilita y crece la incertidumbre social?
