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Da Fonseca cuestionó especialmente el rol de Santiago Caputo dentro del esquema de poder nacional, señalando que “forma parte de un Estado paralelo” y que su designación mediante una locación de servicios le permitiría operar “por afuera de la estructura estatal tradicional”.
“El señor Caputo está contratado a través de una locación de servicios y tiene un poder enorme. Es el Estado dentro del Estado”, expresó.
El letrado sostuvo que esta situación representa “una falla grave del sistema institucional argentino”, al considerar que existen funcionarios con influencia sobre organismos sensibles del Estado sin asumir responsabilidades formales ante el Congreso o la Justicia.
En otro tramo de la entrevista, Da Fonseca habló de una “anomia total” y de un estado de “alienación absoluta” dentro de la política argentina, cuestionando la falta de controles institucionales y la ausencia de respuestas desde distintos sectores del Estado.
Además, hizo referencia a la relación entre parte de la oposición y el oficialismo, mencionando supuestos acuerdos políticos que, según afirmó, impedirían avanzar con mecanismos institucionales como interpelaciones o mociones de censura.
En ese marco, también se refirió a reuniones del peronismo realizadas el 1° de mayo y mencionó al intendente de Río Grande, Martín Pérez, aunque aclaró desconocer si comparte las posiciones políticas discutidas en esos encuentros.
El abogado también cuestionó el modelo económico del Gobierno nacional y rechazó la idea de que exista un “superávit real”.
“El gobierno argentino ha decidido no pagar las deudas que tiene y vende al pueblo un supuesto superávit. Eso no es un superávit sincero”, afirmó.
Según explicó, la caída de la actividad económica y la recesión estarían afectando seriamente la recaudación y generando un deterioro progresivo de la situación social.
“Después de hacer el ajuste más grande, volvió a meter más recortes porque el plan no funciona”, sostuvo durante la charla radial.
En el tramo final de la entrevista, Da Fonseca fue consultado sobre el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego y se mostró muy crítico tanto con el oficialismo como con sectores opositores.
El abogado afirmó que el contexto actual “no es el adecuado” para impulsar una reforma y consideró que el origen del proceso estuvo rodeado de situaciones “irregulares y cuestionables”.
“No me voy a poner del lado de ninguno de los sectores porque considero que las instituciones están profundamente deterioradas”, manifestó.
Finalmente, cerró con un diagnóstico pesimista sobre la situación institucional del país y aseguró que existe una profunda crisis política y social.
