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El Dr. Javier Da Fonseca explicó en La Otra Mirada que el recurso de amparo fue presentado ante la justicia por un paciente jubilado que requiere con urgencia una operación de bypass, y que pese al fallo favorable, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) continúa sin cumplir la cobertura ordenada.
“Mi cliente necesita ser operado ya. No mañana ni hoy, ayer. Está sin dormir del dolor y todavía no tiene fecha de operación”, señaló el abogado.
Según Da Fonseca, el juez a cargo del caso dictó una resolución favorable al afiliado y dispuso una multa diaria de 20.000 pesos al presidente de OSEF por incumplimiento. Sin embargo, la situación médica del paciente no ha sido resuelta.
“El cuerpo médico forense dictaminó que la operación era urgente, y aun así OSEF siguió discutiendo cuestiones procesales en lugar de preparar el quirófano”, lamentó.
El letrado apuntó duramente contra la gestión del organismo, a la que calificó como “el monumento a la corrupción en Tierra del Fuego”.
“Se nombran militantes y familiares, viajan a hoteles de lujo, pero no hay plata para medicamentos ni tratamientos. Es la consecuencia de llenar el Estado de favores políticos”, dijo.
Da Fonseca advirtió que la falta de gestión en la salud pública y en la administración provincial agrava una situación que ya arrastra años de desfinanciamiento. “No hay un capitán al frente de ningún barco en la Argentina. No hay gestión ni en la Nación ni en la Provincia”, afirmó.
En la entrevista, el abogado también señaló que los recursos de amparo por salud son cada vez más frecuentes, tanto contra obras sociales estatales como contra prepagas.
“Tengo varios casos contra Sancor, OSDE y el Hospital Italiano. Todas las sentencias fueron favorables a los pacientes. Pero no puede ser que la gente tenga que recurrir a un abogado para que le reconozcan un derecho básico: el acceso a la salud.”
El caso de José Valor expone una realidad que atraviesa a miles de argentinos: la vulnerabilidad frente al sistema de salud, incluso cuando se cuenta con obra social.
En la Argentina, las obras sociales —tanto estatales como sindicales— están obligadas por ley a garantizar las prestaciones médicas necesarias para preservar la vida y la salud de sus afiliados. Negar o dilatar una cobertura urgente puede constituir una violación a los derechos constitucionales, y es en ese punto donde interviene la justicia mediante los recursos de amparo.
Más allá del fallo judicial, el mensaje que deja este caso es claro: la burocracia no puede estar por encima de la salud. El acceso a la atención médica oportuna no debería depender del bolsillo, la suerte ni de un expediente judicial.
